Hasta hace pocas fechas, el extraño nombre de «Schleswig-Holstein» solo era familiar a quienes, aficionados al Almanaque Gotha, estaban versados en asuntos nobiliarios. Schleswig-Holstein es, de hecho, el apellido civil de una conocidísima y emérita señora que estos días parece que se las tiene con su alegre nuera.

Hoy, sin embargo, esa región y partido judicial alemán es célebre por haber expresado lo mismo que otros juzgados en Bélgica, Suiza y otros países europeos –el próximo será Escocia– y la inmensa mayoría de los catedráticos de Derecho Penal español: que el magistrado del Supremo Pablo Llarena se ha pasado de frenada, lo mismo que su colega Carmen Lamela, ella en la Audiencia Nacional.

Carles Castillo

El propio Llarena es consciente de que sus ejercicios de creatividad jurídica no tienen más recorrido que los aplausos que generan entre los hooligans del «a por ellos», y de ahí la cautela con que ha emitido las euroórdenes, cautela que ha levantado con Alemania, con los resultados conocidos. Quizá se creyó esa leyenda urbana que circulaba por las redes, que daba por bueno que en el país germano también existe una división de poderes «sui generis», y que el gobierno de Angela Merkel iba a presionar, como hace el gobierno de Rajoy, por un extraño contrato de compra de aviones. No ha sido así y la «marca España» queda una vez más por los suelos, precisamente por la irresponsabilidad y chapuza de quienes se dan golpes continuamente en el pecho por su unidad.

Antes de continuar quizá conviene hacer algo de pedagogía. Lo que ha pasado no es que los juzgados europeos se hayan vuelto indepes, el asunto es otro. El que no se pueda extraditar a alguien perseguido por un delito que no lo sea en el país que extradita es un principio básico de Derecho Internacional, que tiene como objetivo evitar arbitrariedades de regímenes de mejorable calidad democrática, por decirlo de manera amable. Hace unos días ganó las elecciones en Hungría el ultra Viktor Orban. A nadie le sorprendería que, dadas sus manifestaciones reiteradamente xenófobas, albergara tentaciones de usar a la policía y los juzgados para perseguir opositores y, de ocurrir eso, todo el mundo entendería que hubiera políticos húngaros que no se sintieran protegidos por la «tutela judicial efectiva» inherente a cualquier estado de derecho.

El tema es de una gravedad extraordinaria por muchos motivos. En primer lugar, como hemos reclamado tantísimas veces, en Catalunya hay un problema político y las soluciones a los problemas políticos, en una democracia, no se resuelven con la policía ni con los juzgados, sino con acciones políticas a las que el PP y sus aprendices aventajados de Ciudadanos siempre se han negado en redondo. En segundo lugar, la falta de pudor con que el PP usa las más altas instituciones del Estado para alimentar sus pulsiones electoralistas, erosiona su credibilidad y convierte a España en un país peor. Lo han hecho con la monarquía, con los altos tribunales y, como se ha visto en estos días, les da igual que la universidad quede a la altura del betún si con ello apoyan a «uno de los nuestros». Curiosa, por cierto, la referencia mafiosa literal de Rajoy en la Convención del PP de este fin de semana. Scorsese debe de sentirse muy halagado.

El delito de rebelión, en nuestro Código Penal, tiene asociadas penas de veinte años de cárcel. ¿Alguien cree de verdad que el problema político catalán se arregla metiendo a los dirigentes indepes veinte años en la cárcel? ¿En qué país democrático una jueza de la Audiencia Nacional o un juez del Supremo exigen una suerte de profesión de fe constitucional a un imputado para decidir si le aplica la excepcional medida de la prisión provisional?

Desde el inicio de todo este despropósito, el PSC se ha visto en una tesitura difícil de comprender para algunas personas: rechazamos de plano, sin matices y con toda la contundencia las maniobras encaminadas a una declaración de independencia arbitraria, antidemocrática y que ha demostrado absurda, pero tampoco podemos aceptar la judicialización de un problema político y la erosión que los nacionalistas españoles (sí, nacionalistas españoles) están causando a la calidad democrática de este país y que no sabemos cuándo se podrá recuperar. Y vamos a seguir ahí.

Ya expresé hace meses que dotar de estabilidad política a Catalunya es una obligación que hay que acometer con urgencia. Echar al partido de «uno de los nuestros» del gobierno español debería ser, asimismo, una exigencia ya no para la izquierda, sino para cualquier demócrata.

Carles CASTILLO
Diputat del PSC al Parlament de Catalunya

 

Categories: OPINIO

2 comentaris so far.

  1. hola ha dit:

    quienes, los separatistas intentando abolir constitucion y estatut ilegalmente y enfrentando a la poblacion entre si, no?
    si, se han pasado de frenada.

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