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Los ayuntamientos han ido creando equipamientos y servicios con la voluntad de hacerlos accesibles para el disfrute de toda la ciudadanía. De esta manera se han ido consolidando servicios de titularidad pública municipal como conservatorios de música, jardines de infancia, gimnasios, piscinas, cursos de formación, residencias, centros de día, casales de verano, pabellones deportivos y un largo etcétera.
Estos servicios se han ido desarrollando con el objetivo de mejorar las prestaciones sociales de los municipios bajo criterios de calidad, viabilidad económica y función pública. No obstante, si los analizamos con detenimiento, podemos contemplar que buena parte de ellos sólo son fácilmente accesibles para las franjas de población con mayor poder adquisitivo, perdiéndose por el camino la función social de los mismos y la vocación de universalidad inherente a cualquier servicio de carácter público. Como medida correctora muchas familias en situación de pobreza extrema pueden pedir ayuda a los servicios sociales municipales. Este modelo, de corte asistencialista o caritativo, acarrea el problema de dejar en la cuneta a toda aquellas familias que no tienen suficiente poder adquisitivo para poder hacer uso de ciertos servicios pero que, a su vez, tampoco están en situación de ser beneficiarias de las ayudas existentes.
Así pues, ante una situación en que las familias con rentas bajas o medias no pueden, o tienen serias dificultades, para gozar de los servicios públicos municipales, entendemos que es preciso minimizar el modelo de “ayudas a los más pobres que las pidan” para empezar a virar hacia un modelo universal de precios según la renta que dificulte que hayan personas que no pueda gozar de un servicio municipal por no poder costearlo.
Existen alternativas basadas en el concepto de progresividad que son socialmente más justas y posibilitan que los servicios públicos municipales sean verdaderamente universales. En esta dirección cada vez hay más ayuntamientos que han salido de su zona de comfort y han empezado a estudiar cómo modificar su política de precios públicos introduciendo el concepto de tarificación social.
Para las personas que ostentamos cargos de representación local es muy fácil delegar en ámbitos territoriales superiores la función redistributiva de la riqueza y achacar que el aumento de las desigualdades es consecuencia de las políticas autonómicas, estatales y europeas. Y hay mucha razón en ese análisis. Pero no es menos cierto que a nivel local existen muchos mecanismos que permiten mitigar los efectos de las políticas fiscales de ámbitos territoriales superiores. Está en nuestra mano contribuir a la reproducción de la desigualdad o trabajar, dentro de nuestro margen de maniobra, en la construcción de un municipalismo capaz de trabajar por una sociedad más próspera y justa donde nadie pueda quedar privado de algo que le pertenece.
Mario TÉLLEZ
Regidor de Vila-seca en Comú
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