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La cuestión no es si habrá o no detención. La cuestión es si se detendrá a un diputado electo, como quiere Rajoy, o al investido President de la Generalitat, como pretende Puigdemont. La clave, pues, es la foto.
En su último movimiento el Gobierno ha impugnado ante el TC la candidatura de Puigdemont. No le importa el informe en contra del Consejo de Estado, o que la opinión del letrado mayor del Parlament sea también desfavorable. 
Sabe que la admisión a trámite del recurso ante el TC suspende ipso facto la investidura del martes (art. 161.2 de la Constitución). Y aunque meses más tarde falle en contra, lo importante -piensa Rajoy- es parar el envite.
Pero eso es fraude de ley y abuso de derecho, pues el artículo 7 del Código Civil obliga a ejercitar los derechos conforme a las exigencias de la buena fe y agrega que la ley no ampara el abuso de derecho. Y el abuso de derecho –podríamos añadir- puede ser rentable a corto plazo, pero convertirse en bumerán a la larga.
La posición de Roger Torrent no es fácil, y puede acarrearle consecuencias. Si cambia el candidato a gusto de Soraya, será tachado de botifler, lo peor que se puede decir a un independentista. Si mantiene a Puigdemont, le pueden llevar hasta Llarena.
La cosa no pinta bien, pues el lío jurídico-político es monumental. Lo único que sabemos es que el martes será otro día de infarto y que las marcas Catalunya y España siguen cayendo. Haría falta un Messi de la política para solucionar esta situación tan desdichada.
Paco ZAPATER
Abogado
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